Aprobada la renovación del plan de vigilancia privada en el perímetro exterior de las cárceles

Aug 6th, 2019 | Por | Categoria: Sindicatos de prisiones

Fuente: Press Digital

El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes a la Secretaría de Estado de Seguridad para renovar el plan de vigilancia privada en el perímetro exterior de las cárceles que dependen del Ministerio del Interior en un contrato por valor de 64 millones de euros que entrará en vigor en 2020.

Según la referencia del Consejo de Ministros, el contrato tiene un valor de 64.045.800 euros (cantidad calculada conforme al presupuesto de licitación sin impuestos e incluida la posible prórroga) e incluye a los 68 centros penitenciarios vigilados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se excluye, por tanto, los centros radicados en País Vasco y Cataluña, cuya vigilancia exterior es asumida por sus policías autonómicas.

El 1 de junio de 2018 entró en vigor el último contrato, por un valor inicial de 35,9 millones de euros, y que luego fue prorrogado hasta diciembre de 2019. El apoyo de las empresas privadas se lleva a cabo “bajo supervisión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se centra en la seguridad en los puntos de acceso, los puntos fijos, el impedimento de los tránsitos no autorizados, la observación de los sistemas técnicos de vigilancia y la comunicación de alarmas e incidencias”.

Según ha informado el Gobierno, este apoyo permite destinar un mayor número de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a funciones exclusivas de dichos Cuerpos, como la custodia de presos y penados fuera de los recintos en hospitales o sedes judiciales, o el traslado de los mismos.

UN PLAN QUE FUE CRITICADO POR EL PSOE
El nuevo expediente de contratación se iniciará el 1 de enero de 2020 o el día siguiente al de su formalización si fuese posterior, con una duración de un año y una posibilidad de prórroga por un máximo de otro.

Fue en el 2013 cuando se puso en marcha este plan de vigilancia privada en el perímetro exterior de las cárceles, lo que levantó las protestas de los sindicatos de prisiones, de asociaciones de guardias civiles y de algunas formaciones políticas, como el propio PSOE e Izquierda Unida.

La medida impulsada por el Gobierno del PP fue justificada por la necesidad de ofrecer una salida a los escoltas del País Vasco que quedaban liberados por el cese de la violencia de ETA. También se explicó que muchos agentes de la Guardia Civil destinados en esos puestos de vigilancia exterior se iban a recuperar para labores de seguridad ciudadana.

En una comparecencia en el Congreso el pasado enero, el director general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, abogó por que la seguridad exterior de las cárceles volviera a ser asumida por las Fuerzas de Seguridad del Estado. Su intención, según explicó, era rescindir progresivamente de los contratos a medida que se reponían efectivos en la Policía y la Guardia Civil.

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